PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA FALTA DE GARANTÍAS EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN LA PUCP
Ser estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú implica, además de recibir la formación académica e intelectual propia de una de las mejores universidades del país, aprender a valorar y defender la democracia y sus valores; es decir alzar la voz siempre que los derechos de los ciudadanos se encuentren en situación de vulnerabilidad. Como ciudadanos tenemos derechos, contemplados en la legislación nacional así como en la internacional, que deben ser respetados en todo ámbito; por lo que el ámbito privado no debe ser la excepción.
Los miembros de la Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales como representantes estudiantiles elegidos para velar por los derechos de los estudiantes, en esta oportunidad nos vemos obligados a expresar nuestra preocupación y malestar por la forma unilateral en la que se inician los procesos disciplinarios contra los alumnos. Toman en cuenta sólo la declaración verbal de quien denuncia. Esta actitud de las autoridades trae como consecuencia que el alumno pueda verse envuelto en un proceso disciplinario con sola palabra de alguien que puede tenerle antipatía; lo cual posibilita que el estudiante se haga acreedor de una suspensión de hasta dos años o la expulsión de la universidad.
Es preocupante la falta contundencia de las pruebas usadas para emitir una resolución en contra de un alumno - muchas veces la prueba sigue siendo el testimonio, cuando en ninguna parte del mundo la palabra de una persona es un medio probatorio -, presuponiéndose desde el inicio que el alumno es culpable y se le trata como tal, en lugar de respetar su derecho a que se le considere inocente si es que no se le demuestra lo contrario.
En este sentido, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se jacta de promover valores democráticos, inicia procesos disciplinarios contra sus estudiantes; quienes, ante la inminente sanción, tienen que demostrar con pruebas su inocencia a pesar que el denunciante no haya mostrado prueba alguna sobre su culpabilidad. Hay una evidente predisposición a pensar que el alumno siempre actúa de mala fe, cuando es un principio básico de todo proceso dar el beneficio de la duda. ¿POR QUÉ INICIAR UN PROCESO DISCIPLINARIO SIN ANTES CONTAR CON PRUEBAS CONTUNDENTES? ¿HAY UN DIALOGADO PREVIO CON AMBAS PARTES?
Como miembros de la MDCFCCSS estamos en la obligación de exigir condiciones justas: que quien denuncia cuente con pruebas verídicas para iniciar un proceso disciplinario, que se respete la presunción de inocencia, el principio de identidad del proceso, el derecho a la defensa, así como los demás principios que sirvan para garantizar procesos justos. Principios básicos que creemos deben estar establecidos en los reglamentos de la universidad; como por ejemplo,los grados de responsabilidad, o que se pruebe que el alumno realmente actuó de manera intencional (no hay falta si no se prueba que hubo dolo).
Sólo denunciando las irregularidades, acudiendo a los representantes estudiantiles del gremio (Centros Federados), así como a los miembros estudiantiles en los Consejos de Facultad se podrán conseguir procesos justos, no tendenciosos. Si somos inocentes, busquemos resoluciones que así lo confirmen y no nos conformemos con sanciones mínimas. Informémonos sobre la posibilidad de acudir a instancias externas a la universidad en la que sí podamos encontrar jueces imparciales, que respeten nuestros derechos y en las que se garantice un debido proceso.
La Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales se compromete a trabajar para que todo lo que en el presente pronunciamiento se exige, se cumpla.
Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales
San Miguel, 17 de Julio de 2009
Ser estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú implica, además de recibir la formación académica e intelectual propia de una de las mejores universidades del país, aprender a valorar y defender la democracia y sus valores; es decir alzar la voz siempre que los derechos de los ciudadanos se encuentren en situación de vulnerabilidad. Como ciudadanos tenemos derechos, contemplados en la legislación nacional así como en la internacional, que deben ser respetados en todo ámbito; por lo que el ámbito privado no debe ser la excepción.
Los miembros de la Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales como representantes estudiantiles elegidos para velar por los derechos de los estudiantes, en esta oportunidad nos vemos obligados a expresar nuestra preocupación y malestar por la forma unilateral en la que se inician los procesos disciplinarios contra los alumnos. Toman en cuenta sólo la declaración verbal de quien denuncia. Esta actitud de las autoridades trae como consecuencia que el alumno pueda verse envuelto en un proceso disciplinario con sola palabra de alguien que puede tenerle antipatía; lo cual posibilita que el estudiante se haga acreedor de una suspensión de hasta dos años o la expulsión de la universidad.
Es preocupante la falta contundencia de las pruebas usadas para emitir una resolución en contra de un alumno - muchas veces la prueba sigue siendo el testimonio, cuando en ninguna parte del mundo la palabra de una persona es un medio probatorio -, presuponiéndose desde el inicio que el alumno es culpable y se le trata como tal, en lugar de respetar su derecho a que se le considere inocente si es que no se le demuestra lo contrario.
En este sentido, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se jacta de promover valores democráticos, inicia procesos disciplinarios contra sus estudiantes; quienes, ante la inminente sanción, tienen que demostrar con pruebas su inocencia a pesar que el denunciante no haya mostrado prueba alguna sobre su culpabilidad. Hay una evidente predisposición a pensar que el alumno siempre actúa de mala fe, cuando es un principio básico de todo proceso dar el beneficio de la duda. ¿POR QUÉ INICIAR UN PROCESO DISCIPLINARIO SIN ANTES CONTAR CON PRUEBAS CONTUNDENTES? ¿HAY UN DIALOGADO PREVIO CON AMBAS PARTES?
Como miembros de la MDCFCCSS estamos en la obligación de exigir condiciones justas: que quien denuncia cuente con pruebas verídicas para iniciar un proceso disciplinario, que se respete la presunción de inocencia, el principio de identidad del proceso, el derecho a la defensa, así como los demás principios que sirvan para garantizar procesos justos. Principios básicos que creemos deben estar establecidos en los reglamentos de la universidad; como por ejemplo,los grados de responsabilidad, o que se pruebe que el alumno realmente actuó de manera intencional (no hay falta si no se prueba que hubo dolo).
Sólo denunciando las irregularidades, acudiendo a los representantes estudiantiles del gremio (Centros Federados), así como a los miembros estudiantiles en los Consejos de Facultad se podrán conseguir procesos justos, no tendenciosos. Si somos inocentes, busquemos resoluciones que así lo confirmen y no nos conformemos con sanciones mínimas. Informémonos sobre la posibilidad de acudir a instancias externas a la universidad en la que sí podamos encontrar jueces imparciales, que respeten nuestros derechos y en las que se garantice un debido proceso.
La Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales se compromete a trabajar para que todo lo que en el presente pronunciamiento se exige, se cumpla.
Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales
San Miguel, 17 de Julio de 2009
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