martes, 21 de julio de 2009

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CENSURA AL MEDIO DE COMUNICACIÓN “EL ESTÁNDAR SOCIAL”

Luego de manifestar la preocupación de la MD CFCCSS por las irregularidades durante los procesos disciplinarios que se llevan a cabo en la facultad, a cargo del Consejo de Facultad, y tras haber hecho una petición para que se respeten los derechos de los alumnos involucrados en dichas investigaciones1; nos vemos en la obligación, al contar con la autorización respectiva del estudiante involucrado, de hacer de conocimiento a la Comunidad Universitaria lo siguiente:

El alumno Javier Martell, responsable del panel “El Estándar Social”, acudió a los miembros de la Mesa Directiva del Centro Federado para solicitar orientación luego de que se le notificara que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales ha visto por conveniente iniciar las investigaciones del caso y abrir el proceso correspondiente, después de recibir una carta de la facultad de EEGGCC. Las causas de llevar a cabo esta situación se explican a continuación:

Desde hace más de tres años el panel “El Estandar Social” se ha ubicado en diversas facultades: Ciencias Sociales (frente a la oficina del CF) y Estudios Generales Letras. Ambos paneles contaban con la autorización de las autoridades correspondientes a cada facultad, y cada uno de ellos contenía la misma información. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de que el permiso, en la Facultad de CCSS, fue solicitado por escrito; ésta nunca respondió por escrito ni afirmativa - indicando el periodo de tiempo por el que se otorgaba el permiso - ni negativamente. Por el contrario, el secretario académico de CCSS, Luis Mujica, citó al alumno Martell y de manera oral le indicó que el permiso estaba otorgado; y acto seguido, se decidió la ubicación que el panel tendría dentro de esta facultad. Pese a que el alumno continuó solicitando la autorización de manera escrita, ésta nunca se brindó.

Esta misma modalidad de otorgar permisos se repite en la Facultad de Estudios Generales Ciencias, donde el alumno pidió permiso en el mes de abril para colocar un panel. La respuesta a dicha solicitud es obtenida a finales del mes de mayo, por lo que se procedió a colocar el panel el lunes 25 de mayo del presente año. Para la fecha, la coyuntura era de elecciones de los REAs y Consejos de Facultad; por lo que en los tres paneles (EEGGCC, EEGGLL y CCSS) los contenidos estaban relacionados a dichas elecciones: entrevistas hechas a un miembro de cada uno de los grupos o alianzas electorales. En ese sentido, los paneles no podían ser considerados propaganda electoral, ya que la calidad de las entrevistas eran hecha por un medio imparcial - las preguntas eran las mismas para todos los entrevistados sin alguna preferencia o inclinación particular. Las autoridades de la facultad de EEGGCC desconociendo esto y ante el inicio del tiempo de silencio electoral, procedieron a retirar hacia un depósito el panel “El Estándar Social”. Acto realizado sin haber intentado previamente contactarse con el responsable de dicho medio, Javier Martell, a pesar de contar tanto con su correo electrónico, número de celular, número de casa y dirección.

El alumno Martell, sin conocimiento alguno de lo sucedido, acudió a modificar los contenidos el lunes 01 de junio. Al no ubicarlo, procedió a preguntar por la desaparición de su panel, a lo cual respondieron que estaba en el depósito por haber violado la norma del silencio electoral y que ya no contaba más con el permiso para tener su panel en dicha facultad. Fue así que se dirigió al depósito donde estaba su panel - área no señalada como restringida - para grabar un video que constatara que habían retirado su panel de manera arbitraria, frente a lo cual recibió un empujón por parte de un señor de limpieza; es decir, lo agredieron cuando estaba haciendo uso de su derecho de recoger una prueba para demostrar la forma parcializada en la que habían actuado contra él.

Estamos aquí ante unidades académicas que no entregan los permisos por escrito indicando el tiempo por el que rige el mismo, ante una facultad (EEGGCC) que no conoce qué es y que no es propaganda electoral - algo grave considerando que estamos en una universidad con personas adultas e informadas - , y que hace lo que consideran pertinente con las pertenencias de los y las alumnas. Además, estamos ante una facultad que no permite que las y los estudiantes hagan uso de su derecho a recoger los medios probatorios para demostrar que se está cometiendo un abuso contra su persona ya que cuando alguno lo intenta, tiene que estar sujeto a la agresión física por parte de un trabajador; y que, aprovechando el no haber entregado un permiso por escrito, simplemente se lo da por revocado cuando se considera “conveniente”. Finalmente y lo más indignante, por cierto, que las autoridades remitan a la facultad de Ciencias Sociales una carta en la que denuncian al alumno Javier Martell de haber incurrido en “hechos incompatibles con su condición de estudiante universitario” generando una probable agresión al Sr. Jorge Gómez Barrientos. Es decir, ¿estamos ante una facultad que señala como posible agresor al que en realidad fue agredido, como consta en el video grabado por el mismo?2

Pasamos aquí a preguntarnos, ¿el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales es capaz de iniciar un proceso disciplinario con la sola carta que recibieron por parte de EEGGCC, la cual sólo se puede basar en el testimonio oral del Sr. Gómez Barrientos? Esto faculta a cualquier persona a que elabore un informe contra uno de nosotros, sin prueba alguna, y lo envíe al Consejo de Facultad, lo cual daría pie a que se nos inicie un proceso, cuyas sanciones pueden ser hasta de 2 años de suspensión o de expulsión de la universidad. Por otro lado, ¿es correcto que la facultad reciba una carta informando sobre unos supuestos hechos y automáticamente decida iniciar un proceso disciplinario y pase a informarle al alumno que ya se le abrió un proceso? No lo es, a nuestro parecer. La facultad esta en la obligación de citar al alumno y pedirle su versión de los hechos, de lo contrario se esta iniciando una investigación con una sola versión, es decir, de manera unilateral. Esto demuestra la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos los y las estudiantes al poder vernos inmersos en procesos disciplinarios por la sola palabra de alguien. Al no pedir su versión de los hechos, se está violando el derecho a la legítima defensa,contemplado tanto en normas nacionales como internacionales.

Además de lamentar la forma en que proceden nuestras autoridades, nos sentimos profundamente contrariados por el evidente intento de intimidación; dado que, el alumno Martell ha recibido un carta, después de que la facultad de Ciencias Sociales haya recibido la carta proveniente de EEGGCC, en la que el secretario académico Luis Mujica le pide que retire en un plazo máximo de veinticuatro horas el panel que tenía en la facultad de Sociales hasta que “se regularicen los permisos”; cuando en los tres años que tiene el panel en la facultad, jamás se ha tenido que realizar este tipo de trámite. Y es que la frase “regularizar permisos” parece una burla que solamente podría tener como único fin censurar al medio de comunicación “El Estándar Social”. Esto es una clara amenaza para el alumno y constituiría además una violación a la libertad de expresión.

Tenemos que destacar maneras de proceder que pondrían en tela de juicio la transparencia e imparcialidad con la que supuestamente actúa la universidad, y es que si la facultad de Ciencias Sociales recibió la queja por parte de EEGGCC a comienzos del mes de junio, ¿por qué esperaron que llegue el fin de ciclo para notificarlo del asunto? Como señalamos anteriormente, la facultad estaba en la obligación de pedirle una explicación de los hechos a Martell antes de iniciarle una investigación que podría derivar en una sanción; y el hecho de que hayan esperado a que acabe el semestre para informarle que tiene un proceso abierto, da claros indicios de la intención de que la censura pase desapercibida.

Así queremos manifestar apoyo y solidaridad a nuestro compañero Javier Martell, quien en el transcurso de 3 años ha contado con la colaboración de más de cien estudiantes de la facultad de Sociales, entre artículos y fotos. Nos parece una vergüenza que en la PUCP se censure a un medio de comunicación que transmite la voz y opinión de los y las estudiantes, en lugar de brindar el apoyo que él solicitaba desde el inicio; y por el contrario, lo único que recibe son los obstáculos por parte de las facultades.

Estaremos atentos y denunciaremos lo que se tenga que denunciar en las instancias en las que sea necesario e invocamos, en primer lugar a nuestros representantes estudiantiles en los Consejos de Facultad de toda la universidad, y en especial a los de Ciencias Sociales, a no dejar que los intentos de censura a la libertad de expresión sean prósperos y a trabajar para que en los procesos disciplinarios en la PUCP no se violen los derechos de las y los estudiantes; y en segundo lugar, a la Comunidad Universitaria a no permitir más abusos y a exigir que se respeten nuestros derechos.

Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales 2009

San Miguel, 20 de Julio de 2009

1 Ver último post de ambos blogs del CFCCSS: BlogPUCP y Blogspot.
2 Ver video en el blog del “Estándar Social”.

viernes, 17 de julio de 2009

¡POR GARANTÍAS PARA L@S ESTUDIANTES!

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA FALTA DE GARANTÍAS EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN LA PUCP

Ser estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú implica, además de recibir la formación académica e intelectual propia de una de las mejores universidades del país, aprender a valorar y defender la democracia y sus valores; es decir alzar la voz siempre que los derechos de los ciudadanos se encuentren en situación de vulnerabilidad. Como ciudadanos tenemos derechos, contemplados en la legislación nacional así como en la internacional, que deben ser respetados en todo ámbito; por lo que el ámbito privado no debe ser la excepción.

Los miembros de la Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales como representantes estudiantiles elegidos para velar por los derechos de los estudiantes, en esta oportunidad nos vemos obligados a expresar nuestra preocupación y malestar por la forma unilateral en la que se inician los procesos disciplinarios contra los alumnos. Toman en cuenta sólo la declaración verbal de quien denuncia. Esta actitud de las autoridades trae como consecuencia que el alumno pueda verse envuelto en un proceso disciplinario con sola palabra de alguien que puede tenerle antipatía; lo cual posibilita que el estudiante se haga acreedor de una suspensión de hasta dos años o la expulsión de la universidad.

Es preocupante la falta contundencia de las pruebas usadas para emitir una resolución en contra de un alumno - muchas veces la prueba sigue siendo el testimonio, cuando en ninguna parte del mundo la palabra de una persona es un medio probatorio -, presuponiéndose desde el inicio que el alumno es culpable y se le trata como tal, en lugar de respetar su derecho a que se le considere inocente si es que no se le demuestra lo contrario.

En este sentido, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se jacta de promover valores democráticos, inicia procesos disciplinarios contra sus estudiantes; quienes, ante la inminente sanción, tienen que demostrar con pruebas su inocencia a pesar que el denunciante no haya mostrado prueba alguna sobre su culpabilidad. Hay una evidente predisposición a pensar que el alumno siempre actúa de mala fe, cuando es un principio básico de todo proceso dar el beneficio de la duda. ¿POR QUÉ INICIAR UN PROCESO DISCIPLINARIO SIN ANTES CONTAR CON PRUEBAS CONTUNDENTES? ¿HAY UN DIALOGADO PREVIO CON AMBAS PARTES?

Como miembros de la MDCFCCSS estamos en la obligación de exigir condiciones justas: que quien denuncia cuente con pruebas verídicas para iniciar un proceso disciplinario, que se respete la presunción de inocencia, el principio de identidad del proceso, el derecho a la defensa, así como los demás principios que sirvan para garantizar procesos justos. Principios básicos que creemos deben estar establecidos en los reglamentos de la universidad; como por ejemplo,los grados de responsabilidad, o que se pruebe que el alumno realmente actuó de manera intencional (no hay falta si no se prueba que hubo dolo).

Sólo denunciando las irregularidades, acudiendo a los representantes estudiantiles del gremio (Centros Federados), así como a los miembros estudiantiles en los Consejos de Facultad se podrán conseguir procesos justos, no tendenciosos. Si somos inocentes, busquemos resoluciones que así lo confirmen y no nos conformemos con sanciones mínimas. Informémonos sobre la posibilidad de acudir a instancias externas a la universidad en la que sí podamos encontrar jueces imparciales, que respeten nuestros derechos y en las que se garantice un debido proceso.

La Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales se compromete a trabajar para que todo lo que en el presente pronunciamiento se exige, se cumpla.


Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Sociales

San Miguel, 17 de Julio de 2009